El nuevo decreto Ómnibus que entró en vigor en sustitución al boceto primigenio contiene menos de la mitad de las medidas que en un primer momento concretaba, pero una de las que se ha mantenido es la de la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, una medida incluida en un Real Decreto de 2020 en el que se incluían medidas de protección a los alquileres y a la prórroga del pago de los suministros básicos.
Respecto a esta extensión, personas en situación de vulnerabilidad no podrán ser desahuciados de las viviendas en las que viven. Esta medida incluye, entre otras cosas, que ningún okupa ni inquiokupa que demuestre estar en situación de vulnerabilidad podría ser desahuciado.
Frente a esto, el Gobierno ha tenido que hacer frente también a la desprotección de los caseros ante estas situaciones, anunciando la creación de un fondo de garantías públicas para compensar a los caseros, o lo que es lo mismo, un fondo de avales para proteger a los arrendadores. Además, el estado se haría responsable de los desperfectos del inmueble y de los suministrosnopagados.
Los propietarios no podrán solicitar los avales hasta que el piso sea desokupado
El problema de estos avales está en los tiempos de cobro, ya que no se van a dar de manera instantánea, además de conllevar unos requisitos que deberán cumplir.
Sobre los requisitos, serán para aquellos que alquilen a personas vulnerables o de menos de 35 años de edad. Pero lo peor de estos avales para los propietarios es que se solicitará el cobro seis meses después de haber sido el inmueble desokupado.
Por lo tanto, mientras la casa esté okupada, el propietario no podría solicitar esta ayuda gubernamental, y solo podrá solicitarla seis meses después de que los okupas salgan de la casa, sin saber cuándo se procedería al pago de dichos avales.
Otro de los aspectos negativos de este sistema de avales es que no va a entrar de inmediato. Se aprobará en los próximos seis meses. Asociaciones de propietarios ya se pronuncian por la insuficiencia de estas medidas.