La justicia ya se ha pronunciado sobre el caso de los accionistas malaguistas que reclamaban sus acciones en la ampliación de capital de 2010. El fallo con sentencia firme es rotundo para Francisco Verdún, accionista que reclamaba el reconocimiento de este asunto hace un par de semanas en la vista previa. “Desestimo la demanda interpuesta por Don Francisco Verdún Pérez, contra Málaga CF SAD. Absuelvo a la mercantil Málaga CF de todas las pretensiones formuladas frente a la misma en este procedimiento. Las costas causadas se imponen a la parte actora”, decía de manera muy explícita la primera página de la sentencia.
La sentencia explica que “el acuerdo de aumento de capital adoptado en la Junta nunca llegó a ser ejecutado por el órgano de administración, ni fue inscrito en el Registro Mercantil, conforme exigen los artículos 314 y 315 del TRLSC, lo que conlleva, conforme a los meritados preceptos y unánime jurisprudencia, que el acuerdo de aumento de capital nunca llegara a tener eficacia legal ni a producir efectos. Dicho acuerdo fue revocado y dejado sin efecto por otro posterior adoptado por unanimidad de la Junta de accionistas de fecha 27 de julio de 2010, y que no fue impugnado, por lo que el acuerdo revocatorio es legalmente vinculante, y ha de ser respetado”, remarca el escrito que sienta además jurisprudencia sobre los otros casi 700 malaguistas afectados.
Para quien no conozca el caso. En 2010, Fernando Sanz realizó una ampliación de capital de las acciones del Málaga CF. Un amplio grupo de aficionados acudió a ella para ayudar a la difícil situación económica del club. Acciones por valor de unos 50 euros para que el club de Martiricos no se metiese en un lío económico mayor. Los aficionados blanquiazules fueron supuestamente estafados después por Al-Thani y su equipo de gerencia. El resultado es que ahora, en pleno 2024, ese grupo de aficionados sigue sin solución y desde la administración judicial de José María Muñoz no arreglan el asunto. Una ampliación orquestada en ese momento por Daniel Pastor, administrador concursal del club por aquella época. Se trata de unas 1.300 acciones que afectan a más de 700 personas. José María Muñoz no quiso dar validez a las quejas de estos accionistas en 2023.