“Estamos aquí no para discutir de unos hechos probados…” así arrancó la vista sobre la decisión del tribunal de Pontevedra de inhabilitar para cargos públicos a Rafael Louzán por un caso de prevaricación sobre la construcción de un campo de fútbol en Moraña. 25 minutos bastaron para que los abogados y el fiscal expusieran su punto de vista. La resolución del Tribunal Supremo puede llegar incluso a última hora de la mañana del miércoles.
Si el Supremo anula la condena, Louzán no tendrían problemas para continuar como presidente de la RFEF. Pero si la decisión del Supremo no es favorable, llegará el momento de las interpretaciones de las diferentes leyes, nada claras dependiendo cómo se analicen. Según Louzán y su entorno no hay lugar a ello, todo lo contrario a lo que piensa el gobierno, tal y como reconoció la ministra de Deportes Pilar Alegría.
El artículo 60.6 de la Ley del Deporte es claro: “Cuando la persona titular de la presidencia o cualquier miembro de la junta directiva de una federación o liga profesional sean condenados por sentencia firme, deberán abandonar el cargo de forma inmediata”.
El Supremo no entra a valorar la condena de inhabilitación a Louzán, sino si los hechos enjuiciados constituyen un delito de prevaricación, como sentenció la Audiencia Provincial de Pontevedra. De hecho debe ser el tribunal de Pontevedra el que ejecute la inhabilitación.
La Fiscalía defiende en el Supremo mantener la condena por prevaricación a Louzán
EFE – La Fiscalía defendió este miércoles ante el Tribunal Supremo la ratificación de la condena por delito de prevaricación al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, cuando estaba al frente de la Diputación Provincial de Pontevedra con el Partido Popular, lo que mantendría el castigo de inhabilitación para el desempeño de un cargo público.
El fiscal Javier Huete sostuvo esta postura en la vista pública celebrada por la Sala Segunda de lo Penal del tribunal encargado de estudiar el recurso de casación que Louzán interpuso contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra en mayo de 2022, que corroboró la pena por prevaricación emitida a su vez por un juzgado de primera instancia, aunque rebajó de ocho a siete los años de inhabilitación y excluyó el delito de fraude.